Imprimir
El conflicto del campo argentino, que dura cuatro meses, ha provocado una dura crisis política al gobierno de Cristina Kirchner. El conflicto se inició cuando el gobierno introdujo un sistema móvil de impuestos a la exportación de la soja y el girasol (retenciones), que incrementa automáticamente las retenciones si aumentan los precios internacionales de estas oleaginosas. Según el gobierno, la penalización de las exportaciones agropecuarias incrementa la oferta de alimentos en el mercado interno y contiene sus precios, y frena la expansión del cultivo de soja en detrimento del trigo y de la producción vacuna.

El conflicto del campo argentino, que dura cuatro meses, ha provocado una dura crisis política al gobierno de Cristina Kirchner. El conflicto se inició cuando el gobierno introdujo un sistema móvil de impuestos a la exportación de la soja y el girasol (retenciones), que incrementa automáticamente las retenciones si aumentan los precios internacionales de estas oleaginosas. Según el gobierno, la penalización de las exportaciones agropecuarias incrementa la oferta de alimentos en el mercado interno y contiene sus precios, y frena la expansión del cultivo de soja en detrimento del trigo y de la producción vacuna.

La burguesía agroindustrial lucha por incrementar sus ganancias, vía exportaciones, en un contexto de precios internacionales muy altos que están desencadenando una subida de precios de los alimentos básicos en todo el mundo. Por eso, las reivindicaciones centrales de la protesta son la anulación o reducción de las retenciones y poder exportar sin restricciones.
Además, fue aprovechado por la burguesía argentina y los intereses imperialistas en el país (España, EEUU, etc.), a través de los partidos a la derecha y del sector del aparato del partido peronista más directamente vinculado a la burguesía, desplazado por el kirchnerismo, para debilitar políticamente al gobierno y fortalecer una alternativa política más confiable y manejable para sus intereses.
El conflicto del campo llegó a una suerte de empate. Ninguna de las dos partes pudo acumular un apoyo decisivo en la sociedad sobre la otra. Aunque las patronales agropecuarias obtuvieron un apoyo de masas de la pequeña burguesía, y de sectores obreros políticamente atrasados del interior del país, nunca consiguieron un eco en las masas obreras de las ciudades. Y eso, pese a la campaña feroz y ensordecedora de los medios de comunicación burgueses a favor de los empresarios rurales.

El paro de la CGT

En el mayor momento de auge de la protesta del "campo", la CGT convocó un paro general de media jornada, el 18 de junio, contra el paro agropecuario y el desabastecimiento, y en apoyo al gobierno, sumándose a la concentración que éste convocó en la Plaza de Mayo ese mismo día. Este paro de la CGT tenía un enorme potencial si se hubiera volcado a favor de los trabajadores y no para sostener al gobierno de Cristina Kirchner.
No hubo asambleas en las empresas, ni se acompañó el rechazo al paro agropecuario con demandas de aumentos salariales para hacer frente a la subida de precios, ni para oponerse a los despidos llevados a cabo por muchos empresarios con la excusa de la "crisis del campo".
Tampoco se plantearon iniciativas para quebrar el frente reaccionario que agrupaba a pequeños propietarios con medianos y grandes terratenientes, como convocar asambleas públicas en los pueblos y ciudades del interior para mostrar los efectos reaccionarios del paro agropecuario sobre las condiciones de vida de los trabajadores. Ni se propuso a los pequeños propietarios la formación de un bloque contra los terratenientes, contra las multinacionales proveedoras de semillas y productos fitosanitarios cada vez más caros, contra los bancos que cobran intereses usurarios, contra los agroexportadores que se quedan con gran parte de la renta agraria, contra la derecha que trata de usufructuar demagógica y políticamente el conflicto, y contra la política del gobierno que no utiliza la renta extraordinaria que dejan las retenciones para los intereses sociales y populares sino para pagar la deuda externa y subsidiar con miles de millones a los grandes empresarios de la ciudad y el campo.
En general, el activismo de izquierda, muy atomizado y desorientado, se abstuvo de sumarse  al paro, con la excusa de que "fue convocado por la burocracia sindical y en apoyo al gobierno de Cristina", sin ver la potencialidad que esta convocatoria tenía en sí misma para movilizar a la clase trabajadora y sacar de su aislamiento al activismo clasista.
Una posición similar asumió la otra central sindical, la CTA, que engloba a la mayoría de los empleados públicos y que persiste en la táctica equivocada de ningunear a la CGT, como si ésta no existiera o sus acciones no tuvieran trascendencia en la clase trabajadora.
Debemos mencionar el papel lamentable y vergonzoso de las direcciones de algunos grupos de izquierda (como las del maoísta PCR y las del "trotskista" MST) quienes, en su afán de desgastar al gobierno de Cristina Kirchner, apoyaron el paro agropecuario y fueron de la mano con los terratenientes y la derecha en diferentes actividades públicas a lo largo del conflicto.

El futuro de las retenciones

Ahora, el gobierno propuso que el Congreso ratifique el sistema de retenciones móviles para la soja y el girasol, para darle un barniz más "democrático" a su decisión, teniendo en cuenta que el oficialismo cuenta con mayoría en el Congreso.
Sin embargo, el conflicto del campo ha desnudado el carácter fraudulento del "kirchnerismo" y los intereses de clase que atan a muchos de sus componentes con los terratenientes y los grandes propietarios agrícolas. Algunos gobernadores, diputados y senadores oficialistas se alinearon con los empresarios agrícolas en esta disputa o han exigido una modificación del sistema de retenciones móviles más favorable a los intereses de aquéllos.
Por esta razón, el gobierno terminará por introducir algunos cambios al decreto de las retenciones móviles, si no quiere jugarse el todo por el todo y arriesgarse a perder una votación en el Congreso, que hoy por hoy no tiene asegurada, y que dejaría al gobierno de Cristina Kirchner muy mal parado.

Es urgente la creación de  un partido de la clase obrera

Los datos últimos aparecidos en la prensa confirman lo que muchos sabíamos: el supuesto paro patronal fue un fraude. En los primeros cinco meses del año las exportaciones de granos y oleaginosas aumentaron un 63% con respecto al mismo período del año pasado.
Termine como termine el conflicto del campo, la gran perjudicada será la clase obrera. Los trabajadores deben fijar sus propios y exclusivos intereses en el primer punto de su agenda: aumentos salariales, rechazo a los despidos o pérdida de derechos con la excusa de la crisis, semana de 40 horas y un salario mínimo decente.
Hay que defender un programa socialista para el campo, con la nacionalización sin indemnización y bajo control obrero de los latifundios y los monopolios de agroquímicos, agroindustriales y agroexportadores, para que la cadena principal de producción y comercialización de alimentos esté en manos de la mayoría de la población, los trabajadores y sus familias. Y lo mismo hay que exigir en el resto de sectores fundamentales de la economía: el transporte, las telecomunicaciones, la industria, y el sistema bancario.
Ligado a este programa hay que poner en la agenda como un punto principal la creación de un partido político de la clase obrera, actualmente ausente.
Apelamos al activismo honesto de izquierda, a la CTA y al activismo sindical clasista de la CGT y la CTA, a que den un paso al frente en la organización y desarrollo de estas tareas. El descontento acumulado de los trabajadores es muy grande. Ni el kirchnerismo ni la oposición a su derecha suscitan ningún entusiasmo en ellos. Por lo tanto, las condiciones para el desarrollo de una herramienta política tal están completamente dadas. Pero hay que empezar a poner manos a la obra.