Corriente Marxista Internacional

Aún permanece intacto el aparato represivo estatal

Aún permanece intacto el aparato represivo estatal

 

El golpe de Estado de 1976 fue planificado para terminar con el alza revolucionaria del movimiento obrero y popular iniciado a fines de los años sesenta, que tuvo como expresión material los mejores convenios colectivos de la historia sindical y la participación más alta en el reparto de la riqueza por parte de los trabajadores (50%, más del doble de la actual) en 1975.
Este proceso también se expresaba en la progresiva independencia política de la clase obrera que, a partir de la experiencia del tercer gobierno de Perón, iba asumiendo un protagonismo libre de las ataduras burocráticas sindicales y de los dirigentes del aparato del Partido Justicialista, lo que se manifestó en la gigantesca huelga general contra el Rodrigazo a mediados de 1975, primera que se organizaba contra un gobierno peronista.
La represión contra el movimiento había comenzado durante los gobiernos democráticos a través de sectores del ejército y la policía, además de la paraestatal Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), organizada por el ministro José López Rega, con la colaboración de otros integrantes del poder ejecutivo y de las fuerzas de seguridad.
La oligarquía y el empresariado, con el asesoramiento del Departamento de Estado de EEUU, esperaron cierto reflujo en el movimiento para ordenar el golpe militar que terminó de abatirlo e instaló un nuevo esquema de dominación, cuyas consecuencias regresivas se sienten aún hoy en el endeudamiento, la concentración de la riqueza, desigualdad, desempleo, precariedad, bajos salarios, etc.
Tras más veinte años de reacción, acentuada por el retroceso internacional del movimiento obrero, en Argentina se inició un nuevo ascenso de la marea alcanzando su punto álgido en el Argentinazo y el gobierno de Kirchner, en cierta forma, es un producto deformado de esas jornadas. Por un lado se ve obligado a asumir un discurso y gestos progresistas (reivindicación de las luchas de los setenta, museo de la memoria, etc.) pero, por otro, sus compromisos y la búsqueda de la conciliación con el empresariado "nacional" e internacional le impiden avanzar en medidas de fondo que permitan solucionar la desigualdad y los graves problemas sociales, así como desmantelar el aparato represivo.

Los secuestros de López y Gerez

Ahora se han iniciado los juicios a los represores de los setenta y ese viejo aparato vuelve a reaccionar y produce una ola de amenazas y nuevos secuestros como el de Jorge Julio López (desaparecido desde el 18 de septiembre del año pasado) y de Luis Gerez, que además de representar una extorsión para conseguir la amnistía, son una amenaza al movimiento obrero y popular en la presente recomposición y su próximo paso a la ofensiva. La pronta liberación de Gerez fue debida a la presión de los sectores más inteligentes de la clase dominante, que temían la inestabilidad política y social a que podrían conducir esta ola de secuestros.
Por su parte, el gobierno se muestra impotente para enfrentar a estas mafias que perviven en el Estado, en bandas fascistas o en empresas de seguridad privada. En primer lugar porque los sectores dominantes jamás tolerarían el desmantelamiento de su aparato represivo; y en segundo lugar, porque no tiene alternativa al sistema capitalista. Únicamente la presión de la movilización popular puede obligar a la burguesía y a sus agentes en el aparato del Estado a detener el accionar de estas mafias fascistas y, eventualmente, sacrificar a algunos de sus integrantes para que sean juzgados y castigados.


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