Corriente Marxista Internacional

El anuncio por parte de Berlusconi de una reforma de las pensiones, consistente en subir a 40 los años mínimos de cotización —frente a los actuales 35— y que sería efectiva dentro de cuatro años, abre nuevamente la perspectiva de importantes moviliza El anuncio por parte de Berlusconi de una reforma de las pensiones, consistente en subir a 40 los años mínimos de cotización —frente a los actuales 35— y que sería efectiva dentro de cuatro años, abre nuevamente la perspectiva de importantes movilizaciones en Italia. “Silvio Berlusconi se enfrenta a un periodo de turbulencia social”, así empezaba el artículo sobre el tema publicado en El País el 1 de octubre. Al día siguiente de anunciar la medida por televisión, los sindicatos han hecho pública la convocatoria de una huelga general de cuatro horas para el 24 de octubre. Esta convocatoria se produce inmediatamente después de la entrada en vigor de la Ley Biagi, con la que la derecha de Berlusconi acababa de regalar a la patronal italiana la reforma laboral más reaccionaria de los últimos 35 años. Esa ley legaliza toda clase de precariedad laboral y vuelve ineficaz el Estatuto de los Trabajadores, que se conquistó con duras luchas en el Otoño Caliente de 1969.

La Ley Biagi

Ahora se podrá comerciar libremente con los trabajadores, más que con cualquier otra mercancía. “Con esta ley, el mercado laboral italiano se sitúa entre los mejores de Europa”. Éste ha sido el comentario del satisfecho ministro de Trabajo, R. Maroni, tras la aprobación de la ley (llamada “Biagi”). “Ahora, nada le falta a la legislación laboral italiana”, señaló el vicepresidente de Confindustria, el señorito Guidi. Los ojetivos de la Ley Biagi son eliminar de hecho los convenios y las luchas colectivas y debilitar a las organizaciones de los trabajadores (sindicatos y comités de empresa) para dejar a los trabajadores lo más aislados posible frente a la empresa. Las peores medidas de la ley son:

La privatización completa del sistema de empleo

Las ETTs (empresas privadas de trabajo temporal), que fueron impulsadas por la política antiobrera del gobierno de centro-izquierda, serán dueñas del mercado laboral, junto a entidades privadas dentro de las escuelas, universidades y sindicatos.

Las ETTs podrán certificar los contratos de trabajo, con la previsible consecuencia de fraudes y engaños a los trabajadores. También podrán contratar de forma indefinita a los trabajadores con sueldos muy bajos y alquilarlos a diferentes empresas al coste mínimo, sin importar el convenio del sector en el que la persona irá a trabajar o su categoría. Al empresario se le concede total flexibilidad en la definición y cambios de los horarios en los contratos a tiempo parcial, sin tener que contar con la opinión del comité de empresa o del trabajador.

Transferencia o externalización de empresa

Las empresas podrán declarar ‘autonomía’ y transferir cualquier rama de una empresa a otra sin tener que consultar con los comités de trabajadores, los sindicatos o el gobierno.

Las ventajas patronales son enormes: 1) Los empresarios podrán jugar con los diferentes sectores de sus plantillas para aplicarle a cada una el convenio de sector que más les convenga. 2) Podrán transformar legalmente una empresa de 155 trabajadores en once empresas de 14 sin mover un solo tornillo, ya que los derechos del Estatuto de los Trabajadores sólo se aplican a las empresas con más de 15 empleados. 3) Se quitan del medio los comités de empresa, los sindicatos y los trabajadores más combativos.

Como si todo esto no bastara, el gobierno está discutiendo la posibilidad de suprimir el artículo 18 (garantías contra los despidos arbitrarios) en unas cuantas ramas productivas, de forma “experimental”.

‘Job on call’

(trabajo a llamada)

La empresa puede contratar a un trabajador de forma indefinida, llamándole al trabajo de forma discontinua, durante pocas semanas o pocos meses al año. El sueldo depende de los días trabajados mientras que el trabajador debe mantenerse en espera de la llamada cobrando una indemnización ridícula. Si éste no responde a la llamada, perderá 15 días de indemnización; si rechaza el trabajo se le puede obligar a devolver al empresario la indemnización cobrada.

‘Job sharing’

(trabajo compartido)

Ya se está aplicando en el sector agroalimentario. Dos o más trabajadores firman un contrato con la empresa como si fueran uno y cada uno de ellos es responsable del trabajo, de la disciplina y de las huelgas de los demás. ¡Imaginaros las enormes presiones contrarias a cualquier intento reivindicativo! Además, sólo tienen un voto entre todos en los referendos y asambleas obreras. Este régimen sólo favorece la reproducción de capataces y la represión sindical.

Prácticas en la empresa

Éste contrato será aplicable a jóvenes desde 15 años a hombres de ¡29 años!, con fines educativos. Es la legalización de la explotación máxima de la juventud ¡con la excusa de la educación!


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