Imprimir
Se han venido desarrollando una serie de movilizaciones durante los últimos domingos para reclamar el derecho a una vivienda digna, derecho garantizado por el artículo 47 de la Constitución, que establece que “Los poderes públicos promoverán las cond Se han venido desarrollando una serie de movilizaciones durante los últimos domingos para reclamar el derecho a una vivienda digna, derecho garantizado por el artículo 47 de la Constitución, que establece que “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho (el derecho a una vivienda digna y adecuada), regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. A pesar de la preocupación que demuestran los principales partidos políticos por nuestra Constitución, no parece que les preocupe excesivamente el cumplimiento de este artículo, teniendo en cuenta la brutal represión desatada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contra los participantes en dichas movilizaciones.

En la segunda de las movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, se detuvo —según las informaciones que tenemos hasta ahora— a 9 personas, poniéndose en libertad a 8 de ellas, y manteniéndose la prisión provisional para uno de los detenidos. Se han exigido fianzas de hasta 3.000 euros para acordar la libertad provisional de alguno de los detenidos, y se imputan delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, pudiendo imponerse penas de hasta 4 años de prisión. Si tenemos en cuenta que el artículo 551 del Código Penal castiga el atentado contra la autoridad con penas de 2 a 4 años, y que sólo cabe suspender las penas de prisión inferiores a 2 años, cabe la posibilidad de que algunos de los detenidos puedan ir a prisión.

En la tercera manifestación de la vivienda, celebrada el domingo 28 de mayo, hubo —según se conoce hasta ahora— 5 detenidos. La brutalidad de la actuación policial ha quedado al descubierto en numerosas fotografías que circulan por Internet, habiéndose incluso detenido a personas que, únicamente, sacaban fotografías de los hechos.

Ante esta situación, las organizaciones del movimiento obrero y estudiantil deben dar una respuesta contundente, solicitando el cese de la represión contra los detenidos, y la apertura de una investigación sobre la brutal actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado contra los manifestantes.

Iniciaremos una campaña de solidaridad. Consulta www.elmilitante.org