Cuando la economía estaba en pleno boom y los beneficios empresariales crecían como la espuma, también oíamos el mismo discurso. En esos momentos era para mantener el crecimiento económico.

En definitiva, la postura de la burguesía ante la crisis es clara: que la paguen los trabajadores y eso es lo que están intentando.

Así, en EEUU, en el último año el número de pobres se ha incrementado en 1,3 millones más y el paro aumenta de forma inexorable en casi todos los países aunque sea con diferentes ritmos.

En este contexto de crisis económica y tras el 11-S, el imperialismo norteamericano y la burguesía internacional están en plena ofensiva, recortando derechos y garantías democráticas en un país tras otro, agitando cada uno de ellos su lucha contra el "terrorismo". Tras la matanza de Afganistán, que no ha resuelto ninguno de los problemas que sufre la población afgana, que se suponía iba a ser "liberada" de sus horribles condiciones de vida, la realidad es que no sólo no ha habido ninguna mejora sino que sus condiciones han empeorado, con millones de refugiados, miles de muertos... y los problemas en la economía, la sanidad, la enseñanza, la vivienda, etc., se han agravado. Ni hay un gobierno estable y democrático ni han detenido a Bin Laden.

Ahora los cañones apuntan hacia Iraq. Esta vez se trata de derrocar a Sadam Husein con la excusa de que es el terrorista de turno y, por lo tanto, una amenaza para Occidente.

Pero es tan burda la maniobra y tan descarada la actuación del imperialismo que la inmensa mayoría de la población, aún rechazando correctamente la dictadura de Sadam Husein, se oponen totalmente a esta nueva carnicería del imperialismo para controlar las reservas petrolíferas de Iraq. Las últimas encuestas publicada por El País (30/09/02), revelaban que el 87% de la población está en contra de atacar Iraq y el 71,9% rechaza que el Estado español aporte apoyo logístico para un ataque.

Todo esto son síntomas del período convulsivo en el que hemos entrado en el terreno económico, social, político, militar..., que revela la crisis capitalista y el carácter reaccionario de este sistema, que intenta resolver sus problemas a través de aumentar la explotación y el dominio de los pueblos y los trabajadores.

Esto también está provocando una respuesta por parte de los trabajadores y la juventud, tanto a la guerra como a los ataques a sus condiciones de vida, y es parte del mismo proceso generado por la crisis.

Las huelgas generales en Grecia, Italia, el Estado español y nuevamente en Italia, donde ya se ha anunciado otra huelga general para el 18 de octubre, junto a las manifestaciones contra la guerra en Londres, con 400.000 asistentes, o la del 29 de septiembre en Madrid, indican el rechazo a esta situación.

En el caso del Estado español, el gobierno del PP se encuentra ante el mismo panorama de crisis y descontento social. Tras su derrota el 20-J intentan desviar la atención de la opinión pública. Primero fue con el conflicto del islote Perejil y después con la Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna, recortando derechos democráticos básicos. El argumento una vez más es luchar contra el terrorismo, llevando a cabo una campaña de vergonzosa criminalización contra todo aquel que no respalde su política en este terreno. Pero incluso así, la mayoría de la población también intuye que esto no solucionará el problema del terrorismo. De hecho la encuesta de El País revela que más de la mitad de los encuestados estima que la ilegalización de Batasuna no ayudará a la eliminación del terrorismo de ETA, y si un 67% en estos momentos aprueba la medida es debido al absoluto seguidismo y falta de alternativa propia de los dirigentes del PSOE, que han apoyado una medida tan reaccionaria como ésta que mañana será utilizada contra los trabajadores y contra cualquiera que luche contra este sistema injusto.

El hecho es que el gobierno del PP continúa sus agresiones contra la clase obrera. La Ley Concursal (Ley de Quiebras) ya ha sido aprobada por el gobierno y ahora entrará a debate en el Parlamento. Esta ley, que recorta gravemente los derechos de los trabajadores afectados por quiebra empresarial, tendrá una gran importancia ya que afectará cada vez a más trabajadores a medida que empeore la economía, y eso ya está empezando a pasar. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el segundo trimestre de 2002 las suspensiones de pago aumentaron un 107,8% y las quiebras un 67,4%.

Cada vez se acumulan más reivindicaciones pendientes: la revisión del SMI, nueva pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios, las pensiones, el Decretazo que ya ha afectado a más de 80.000 trabajadores. Además, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2003 inciden en más de lo mismo, aunque esta vez, si cabe, con previsiones menos creíbles —como es un crecimiento del PIB del 3% o una previsión del IPC nuevamente del 2%, cuando este año es probable que llegue al 4%—, al mismo tiempo que presentan nuevos recortes en los gastos sociales que afectan también a la sanidad o la educación pública.

La actitud del movimiento obrero y la juventud ante estos ataques va a continuar en la senda de la movilización. La mal llamada Ley de Calidad de la Enseñanza, que provocó el curso pasado la movilización de los estudiantes, ahora será contestada con una huelga general el 29 de octubre, esta vez por parte de toda la comunidad educativa.

Este rechazo social está aumentando el desgaste y desprestigio del gobierno, que tiene su expresión en las últimas encuestas sobre las expectativas electorales, donde se refleja el descontento y malestar creciente con el gobierno y su política, al mismo tiempo que se da un incremento en las expectativas del PSOE.

Estos cambios son el producto directo de las movilizaciones y los dirigentes del PSOE deberían sacar las conclusiones correctas. No se trata, como están diciendo, de que ahora Zapatero sea más "maduro" y se haya convertido en un "auténtico líder" en su partido y un "prohombre" de Estado. Se trata del hastío y rechazo a la política derechista del PP y la esperanza de que un gobierno de la izquierda debería llevar a cabo una auténtica política socialista en beneficio de los explotados y los oprimidos. Eso es lo que reflejan las encuestas.

La batalla contra el PP no ha hecho más que empezar y el comienzo no podía ser mejor. El éxito de la huelga general del 20-J, gracias a la extraordinaria fuerza desplegada por la clase obrera y la juventud, debe ser ahora conducido a buen puerto, esto es, a derrotar al PP obligándole a retirar el Decretazo y parando el resto de los ataques, creando las condiciones para un nuevo gobierno de la izquierda (PSOE-IU) que sí lleve a cabo las necesarias reivindicaciones de los trabajadores.

En estos momentos, los máximos dirigentes sindicales tienen la responsabilidad y deben continuar la lucha a un nivel superior. Esta lucha se puede ganar, existen buenas condiciones para ello. Ahora necesitamos una buena dirección. El primer paso es dejar clara la disposición a seguir la lucha hasta vencer. La manifestación del día 5 debe servir para plantear el nuevo plan de movilizaciones unitarias, empezando ya a organizar una nueva huelga general, extendiéndola a todos los sectores, organizando comités de huelga en cada empresa, tajo, centro de estudio, barrio..., y empezar ya una campaña de forma decidida y clara. Hay que sacar las conclusiones del 20-J. El gobierno, lo reconozca públicamente o no, sabe que ese día sufrió una derrota ante los trabajadores. En estos últimos días intenta lanzar de nuevo el discurso del diálogo social, hablando de "suavizar" el Decretazo. Todo esto son maniobras de despiste. Ellos se dan cuenta del riesgo que corren si continua el enfrentamiento. Saben que son débiles para resistirlo, pero también saben que esto dependerá de la actitud que tenga la dirección del movimiento. Confían en que los dirigentes sindicales acepten parar la movilización y se empantanen nuevamente en negociaciones que sólo traen recortes para los trabajadores, que no nos aportan nada y que al mismo tiempo revelan que sólo con una postura combativa se pueden parar los ataques del gobierno.