Raquel Estévez
Desde el pasado 10 de junio 465 inmigrantes se
encuentran encerrados en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Los
días 21 y 22 de junio, en los que se celebraba la cumbre europea, los
inmigrantes, cansados de que las autoridades no les hicieran caso,
iniciaron una huelga de hambre de 48 horas. Las malas condiciones en las
que están aguantando el encierro y la huelga de hambre han hecho enfermar
a muchos de ellos que además no quieren ser atendidos en el hospital por
miedo a que cuando salgan sean detenidos, como le ocurrió a uno de ellos.
Pero estos trabajadores siguen aguantado, para demostrar cuáles son sus
verdaderas condiciones de vida.
La lucha de este sector de trabajadores empezó a
gestarse en Huelva, cuando los 6.000 inmigrantes que tradicionalmente
trabajaban en la recogida de la fresa se encontraron con que para la
presente campaña se había contratado a 7.500 mujeres procedentes de los
países del Este. Esta situación les dejó sin trabajo y por lo tanto sin
posibilidad de obtener papeles para vivir en el Estado español.
Sólo eres ‘legal’ mientras trabajes
El gobierno preparó esta situación conscientemente
con la última reforma de la Ley de Extranjería. Con esta reforma
legalizó un tipo de contrato que va más lejos que nunca en los ataques a
los derechos de estos trabajadores. Un jornalero inmigrante que trabaje en
la fresa, por ejemplo, está obligado a firmar un contrato en el que se le
dice que sólo será una persona legal mientras trabaje en la fresa dentro
de la provincia de Huelva. Es decir, que en el momento en que la campaña
de la fresa acabe, ese trabajador pasa a ser ilegal directamente. Si ese
obrero intenta buscar trabajo antes de que termine la campaña, para
asegurarse la permanencia en el Estado español, en absoluto podrá
hacerlo fuera de Huelva. ¿Qué diferencia hay entre esto y una cárcel? A
todo esto hay que sumarle que los últimos 40 días de trabajo no se le
abonan al trabajador hasta que no vuelva a su país de origen y allí las
autoridades supuestamente le pagarán lo que se le debe de salario.
Esta medida tiene varios objetivos; por un lado seguir
manteniendo mano de obra ilegal para que los empresarios puedan continuar
esclavizando a los inmigrantes, así como imponer salarios bajos al
conjunto de los trabajadores con la amenaza de que hay otros esperando
cubrir sus puestos. Pero otro objetivo es impedir la sindicalización y la
lucha de estos compañeros. Los inmigrantes que llevaban años trabajando
en la fresa habían protagonizado luchas en el verano pasado contra las
condiciones en las que les obligaban a trabajar, sin cobrar, viviendo peor
que los animales, en ratoneras sucias, sin agua y sin luz. El gobierno no
podía permitir que la lucha continuara y ahora hay miles de inmigrantes,
sobre todo magrebíes, que viven en las calles de los pueblos de Huelva
sin trabajo ni vivienda.
El PP alimenta el racismo
El PP quiere además crear malestar en estas
poblaciones para dividir a los trabajadores. La derecha está alimentando
posturas racistas y dando oxígeno a las organizaciones ultraderechistas,
que como hace pocos días en Madrid agredieron a comerciantes
latinoamericanos.
A pesar de las intenciones del PP, con el encierro de
Sevilla hemos vuelto a ver la enorme solidaridad que hay hacia estos
trabajadores por parte de muchos jóvenes. Los estudiantes de la Pablo de
Olavide han defendido en todo momento a los encerrados, criticando la
actuación policial, que tiene la universidad acordonada. Controlándola
como si fuera una cárcel, los agentes abren los coches de los estudiantes
y profesores, registran mochilas, bajan a los estudiantes de los autobuses
para pedirles su documentación, etc. La solidaridad de los estudiantes
debería de ser asumida por los dirigentes sindicales con un plan de lucha
muy concreto, en lugar de dejar solos a estos compañeros como han hecho
hasta el momento. Los únicos activistas sindicales que han salido en su
defensa han sido los compañeros del SOC. Es por tanto necesario que se
unan CCOO y UGT en una campaña de explicación masiva en los barrios
obreros, los centros de estudio y en las empresas. Hay que explicar los
intereses reales que tiene la burguesía española en mantener a los
inmigrantes en esta situación. Ahora quieren seguir endureciendo las
leyes de extranjería en toda Europa. Es un deber de las organizaciones de
clase el unir la lucha de estos compañeros con la del conjunto de la
clase obrera, exigiendo la retirada de cualquier tipo de ley de
extranjería junto con la reivindicación de un salario digno e igual al
resto de los trabajadores, derechos de huelga y manifestación, derecho a
una vivienda, escolarización de sus hijos y acceso a la sanidad pública.