La huelga general del 20-J ha supuesto un rotundo
éxito de participación, con más de 10 millones de trabajadores
secundando el paro y más de cuatro millones participando ese mismo día
en las manifestaciones.
La industria, la construcción y el transporte han
estado prácticamente paralizados. El transporte funcionó exclusivamente
con los servicios mínimos y ni siquiera en todas las zonas. Incluso una
parte del comercio y de los autónomos secundaron la huelga.
Desde primeras horas los datos sobre consumo de
energía eléctrica mostraban la gran repercusión de la huelga, lo que
llevó al gobierno a actuar precipitadamente prohibiendo, bajo amenaza de
despido, que se hicieran públicos esos reveladores datos.
La demanda de electricidad se redujo más del 20% a
pesar de que algunos Ayuntamientos del PP, como el de Guadalajara,
mantuvieron encendidas las luces de toda la ciudad durante la jornada de
huelga. A la una de la tarde, el consumo era de 23.800 megavatios (MW), un
gasto similar al máximo que se consumió el sábado o el domingo
anterior. El jueves 20, el máximo de consumo fue de 24.400 MW y el
mínimo de 16.735, mientras que el domingo 23 el máximo fue de 25.110 MW
y el mínimo de 16.820.
El paro en los sectores claves de la economía fue
total. La producción se paralizó. Esta fue la realidad quedando así en
evidencia los intentos ridículos del gobierno y sus voceros en los medios
de comunicación por dar una imagen de normalidad. Presentando por
televisión bares y comercios abiertos querían hacer ver que el país
estaba funcionando, lo que resultaba patético al ver los establecimientos
prácticamente vacíos. Los ministros aparecían en la televisión con
todos los periódicos debajo del brazo, como si los hubieran comprado en
el primer kiosco de prensa al salir de su casa, pero la realidad era que
cuando alguien en Madrid quiso hacerlo se encontró con que no era posible
ya que o bien los kioscos estaban cerrados, el cierre fue casi total, o
bien no tenían prensa diaria.
Incluso pararon parcialmente sectores como el pequeño
comercio y autónomos. En este caso hablamos de casi tres millones, muchos
de ellos son en realidad trabajadores que se ven obligados a hacerse
autónomos para tener un mínimo de cobertura legal, porque ni tienen
empleados a su cargo ni son empresarios y están muy descontentos con el
gobierno ya que son tratados injustamente en relación al subsidio de
desempleo cuando quedan en paro, puesto que a pesar de sus altas
cotizaciones a la Seguridad Social no tienen derecho a cobrar ninguna
prestación por desempleo. Muchos de ellos fueron a la huelga y muchos
más irían si los sindicatos hiciesen eco de las justas reivindicaciones
que les afectan más directamente.
El 20-J se pusieron en evidencia las diferencias entre
el mundo real, un país paralizado por la huelga, y el mundo imaginario
del gobierno negando los hechos. El más audaz en este terreno fue el
ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, quien afirmó que "la
huelga fue un fracaso porque, se presente como se presente, el 20-J todo
el mundo trabajó".
La debilidad de la burguesía
Esta actitud ridícula del gobierno negando los hechos
es la expresión más patética de su impotencia ante el movimiento obrero
en lucha. La huelga general ha mostrado a las claras las debilidades del
gobierno y la burguesía en el Estado español. ¿Dónde estaba la
fortaleza del gobierno de la que tanto nos han hablado estos años y de la
que tantas veces se han hecho eco los dirigentes sindicales y políticos
de la izquierda?
Como hemos explicado los marxistas, la situación que
ha llevado a la derecha al gobierno, incluso su mayoría absoluta, no
reside tanto en su fortaleza o en "un profundo giro de la sociedad a
la derecha" sino en la debilidad política e ideológica de los
dirigentes de la izquierda. Tenemos que volver a señalar hoy que el PP
obtuvo su mayoría absoluta gracias a la pérdida de más de tres millones
de votos de la izquierda que fueron a la abstención ante la falta de
alternativas serias y de izquierdas.
A lo largo de estos años hemos podido observar cómo
el gobierno llevaba a cabo su política reaccionaria sin apenas
oposición, ni sindical ni política. Hemos asistido a movilizaciones
parciales y aisladas de distintos sectores de la clase obrera contra el
gobierno y su política derechista y en el último año, masivas
movilizaciones de la juventud contra la LOU y la Ley de Calidad. Incluso
hemos visto movilizaciones de sectores sociales que, en teoría, son la
base política del PP como sucedió con los ganaderos, agricultores,
pequeños comerciantes, etc.
Todo esto indica cuál está siendo realmente el
ambiente social hacia este gobierno y eso es lo que en gran medida se ha
expresado el 20-J. Aunque el motivo central de la huelga general ha sido
el decretazo sobre el desempleo, la enorme reacción de los trabajadores
pone en evidencia que esta participación tan masiva se debe, además del
rechazo al decretazo, al malestar general que se viene acumulando durante
años en muchos más terrenos: las privatizaciones, los ataques al sector
público, a la sanidad, a la enseñanza, la precariedad laboral, los bajos
salarios..., que han venido provocando un aumento de la indignación
contra este gobierno reaccionario.
Ya tuvimos un anticipo de este proceso hace un año en
la extraordinaria y masiva huelga general en Galicia el 15 de junio de
2001. Ahora ha bastado que, por fin, los máximos dirigentes sindicales de
UGT y CCOO se decidieran a pasar a la acción y pusieran la fecha, para
que sirviera de vehículo de expresión de todo el malestar acumulado,
desmintiendo de esta manera, una vez más, la cantinela de que "los
trabajadores no se mueven", "la gente no quiere luchar"...
que tantas veces se ha esgrimido para justificar la política de pactos y
concesiones.
Nada ha podido impedir un seguimiento total de la
huelga. Ahora hay quien trata de minimizarla comparándola con el 14-D.
Pero cada huelga es diferente y, lo más importante, es ver en qué
dirección se mueven los acontecimientos. No podemos hacer comparaciones
mecánicas. El contexto político y económico de la huelga del 14-D y el
actual son muy diferentes. En cualquier caso merece la pena hacer unas
breves puntualizaciones.
En 1988 el gobierno del PSOE llevaba 6 años cediendo a
las presiones de la burguesía, aplicando una política totalmente
distinta a la que esperaban de él millones de jóvenes y trabajadores que
le habían votado. Tras la reconversión industrial de Solchaga y con
motivo del recorte de las pensiones en 1985 ya tuvieron la primera huelga
general, convocada en solitario por CCOO, marcando con ello el principio
del fin de la "luna de miel" entre el gobierno y el otro gran
sindicato, UGT.
El ambiente social empezó a cambiar, a ser más
crítico. Esto se puso de manifiesto en las masivas luchas estudiantiles
del 86-87, que culminaron con una victoria y provocaron la dimisión del
ministro de Educación. Así, cuando el gobierno anunció el tristemente
famoso "plan de empleo juvenil", tratando de fomentar los
contratos basura, UGT y CCOO convocaron la huelga general del 14-D y toda
la situación explotó.
Ahora, el 20-J es sólo el principio ¡y qué
principio! En algunos aspectos, como la masividad de las manifestaciones
en muchas zonas, ha superado incluso el 14-D. Hasta el momento el gobierno
ha podido aparecer como un gobierno de "centro" y muy
"dialogante" gracias a la actitud de la oposición y los
sindicatos. Pero, como se ha visto, esta imagen era sobre todo eso,
imagen. Este gobierno siempre ha sido de derechas y son los representantes
políticos directos de la burguesía.
Esta huelga general es el primer episodio de un cambio
en la lucha de clases. Ha sido una primera batalla en la que la burguesía
pretendía dar un duro golpe a los sindicatos y al conjunto de los
trabajadores. Estaban envalentonados porque medían al movimiento obrero
por sus dirigentes y la actitud de debilidad que han mantenido. Pero se
han equivocado y no han conseguido su objetivo.
Esta huelga ayuda a acentuar la crisis en el PP; no es
casualidad que esté siendo ahora, tras su fracaso en el 20-J, cuando sus
conflictos internos estén saliendo a la superficie de una forma tan
virulenta.
Al mismo tiempo ayudará a clarificar más la
situación política, subrayando el auténtico carácter derechista y
reaccionario del gobierno del PP.
La burguesía necesita atacar a los trabajadores
Ahora la burguesía, los empresarios, tendrán que
sacar las conclusiones de este primer enfrentamiento que todavía no ha
terminado. Un sector ya venía planteando su temor al riesgo que podía
suponer la ruptura de la paz social y el enfrentamiento abierto con el
movimiento obrero. Otro sector optó por intentar apretar más las tuercas
y aplastar a los sindicatos para así tener vía libre en su política
antiobrera. El objetivo era el mismo: incrementar la explotación sobre
los trabajadores, tanto por la vía de reducir los salarios como por la
reducción del gasto social, para aumentar sus beneficios.
Esta política de ataques en el Estado español es
parte del mismo proceso que estamos viendo a escala internacional. A
distintos niveles y con distintos ritmos, en América Latina o en Europa,
Italia, Grecia, Francia o Alemania, los ataques tienen el mismo
denominador común: hacer frente a la crisis del capitalismo a costa de
los trabajadores.
Tras un periodo de crecimiento económico, con aumentos
escandalosos e insultantes de los beneficios empresariales, del que los
trabajadores apenas se han beneficiado y en muchos casos han visto
empeorar sus condiciones, ahora que este periodo acabó y empiezan las
dificultades, intentan profundizar los ataques y recortar aún más el
nivel de vida de la clase obrera.
En el caso del Estado español la situación económica
está empeorando desde hace meses y más allá de la propaganda del
gobierno sobre la fortaleza de la economía española, está la realidad
de la desaceleración económica que se viene produciendo y que todavía
no ha tocado fondo, ni mucho menos, estando presente la posibilidad de una
severa recesión.
La inversión está en cifras negativas. La producción
industrial también. A nivel internacional Alemania está en recesión y
Europa está estancada. Los efectos sobre la economía española pueden
ser muy graves, la inflación es más alta que en Europa y la pérdida de
competitividad está afectando a las exportaciones y a la propia cuota de
mercado interno, agravándose en la medida en que el mercado se reduce.
Para hacer frente a esta situación, la burguesía
española pretende reducir costes a través de los salarios y del gasto
social.
Los salarios, que habían mantenido bajos durante años
incluso perdiendo poder adquisitivo en pleno boom económico, comenzaron a
subir peligrosamente para ellos durante el 2001, donde se recuperaron
siete décimas de poder adquisitivo, y ahora quieren reducirlos de nuevo.
Al mismo tiempo en 2001, según el Boletín de
Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo, se produjo un
incremento del 5,8% en el número de beneficiaros de prestaciones por
desempleo, algo que puede ser peligroso si, como indica la actual
tendencia, el paro se incrementara de forma rápida e importante como
sucedió en la anterior recesión del 93.
Por eso estas medidas, desde el punto de vista de los
empresarios, son más que necesarias. Pretenden reducir costes aumentando
sus beneficios para poder hacer frente al empeoramiento de la situación
económica. Por tanto estas medidas no nacen de la "maldad" de
Aznar, o de "quitarse" ninguna careta. Son fruto de los
intereses de la burguesía. El gobierno del PP tiene mayoría absoluta y
los empresarios demandan estas medidas. Si han valorado que el enemigo
está débil y sin capacidad de respuesta, ¿qué mejor momento para
llevarlas a cabo?
Otra cosa diferente es que su error de apreciación en
relación al 20-J, ahora les obligue a replantearse su forma de actuar.
Sin embargo, hasta ahora mismo, es difícil que el
gobierno cambie de postura tras la huelga general si todo queda en el
20-J. El gobierno seguirá con los ataques y no retirará el decretazo.
Tienen más ataques en cartera: la Ley Concursal (Ley de Quiebras); la
reforma de la negociación colectiva; la ley de huelga; el acuerdo de
Pensiones en el 2003 y un largo etcétera, por lo que es lógico que se
pregunten "si ahora cedemos ante una huelga general de 24 horas,
¿qué haremos con todo lo demás?". ¿Acaso podrían pactar esas
leyes con los dirigentes sindicales, como ha venido sucediendo todo este
tiempo? Por decir poco, sería bastante difícil, ya que necesitan, cada
vez con más urgencia, profundizar su política de ataques y, por otro
lado, los trabajadores han demostrado que no están dispuestos a
permitírselo sin más.
Romper con la política de pactos
Esta huelga general ha puesto de manifiesto que la
política sindical de pactos y consenso ha alcanzado sus límites.
Como ya hemos explicado en otras ocasiones, la
dirección de UGT se vio en la necesidad de hablar hace ya un año de la
convocatoria de una huelga general, debido a las presiones que veía en el
movimiento. Este mismo proceso ha afectado también a CCOO donde, además
de la oposición del Sector Crítico, Fidalgo ha tenido que sufrir una
escisión en su bloque, quedando prácticamente en minoría, como
consecuencia de su empecinamiento en mantener la política de pactos con
el gobierno, contra viento y marea, obligando al sindicato a oponerse
activamente a la huelga general en Galicia, aunque las bases participaron
activamente en la misma, rompiendo la disciplina de la dirección.
Este malestar entre los trabajadores tuvo su expresión
a partir de 1999 con el aumento de la conflictividad laboral. En 1998
participaron en huelgas 679.500 trabajadores y se perdieron 1.608.700
jornadas. En 1999 la participación fue de 999.400 y se perdieron
1.273.000 jornadas. Ya en 2000 participaron 1.872.500 siendo 3.088.000 las
jornadas perdidas. En 2001 se produce un descenso al mismo tiempo que un
endurecimiento de las luchas, donde aparece de forma cada vez más
generalizada el recurso a la huelga indefinida en sectores como limpieza o
transporte, dándose una mayor radicalización y endurecimiento de las
luchas.
Todo esto venía sucediendo al mismo tiempo que se
negociaba y pactaba por parte de los máximos dirigentes, lo que acentuaba
las críticas y la desconfianza hacia ellos por parte de un sector cada
vez más importante de trabajadores.
En esta situación el gobierno tomó la decisión de
hacer oídos sordos a los sindicatos, despreciándoles, al imponer primero
el decretazo sobre relaciones laborales en 2001 y ahora intentando hacer
lo mismo con la reforma del desempleo, llevándoles a una situación
límite. Esto les obligó a convocar la huelga general. Despreciados por
arriba y presionados por abajo, los dirigentes sindicales veían en
peligro su papel como interlocutores sociales y han tenido que recurrir a
su única base de apoyo: la clase obrera, que ha respondido con una
magnífica huelga general.
Esta respuesta ha puesto en evidencia la necesidad de
un cambio en la política de los dirigentes sindicales. Ante la huelga los
aparatos sindicales han aparecido bastante "oxidados". Durante
años han estado negociando, pactando y a la hora de luchar seriamente han
tenido muchas dificultades para mover todo el aparato sindical. La
propaganda ha llegado tarde y ha sido escasa; muchos delegados estaban
"descolocados" y no sabían bien como reaccionar; a muchas
empresas no se ha llegado directamente y en casi ninguna querían someter
a votación el apoyo a la huelga porque temían dar el protagonismo que
corresponde a las asambleas de trabajadores, con el argumento de que
"no es necesario porque la huelga ya está convocada y podría
suceder que no se apoye porque la gente no lo entienda". En una
palabra, han desconfiado de la fuerza y la disposición a la lucha de la
clase obrera hasta el último momento.
Continuar la lucha
Todo esto tiene que cambiar. Hay que volver a recuperar
las mejores tradiciones de lucha y participación, porque la situación lo
va a demandar. Cada vez será más necesario que los delegados sindicales
sepan luchar y ser firmes en sus demandas, basándose en la fuerza de los
trabajadores, en lugar de "negociar" con el empresario y
"llevarse bien" con los encargados, llegando a acuerdos
amistosamente alrededor de una mesa, a veces incluso a espaldas de los
trabajadores.
Los trabajadores necesitamos sindicatos. Sindicatos
fuertes y combativos. Esta huelga ha puesto también de manifiesto que
para los empresarios, en última instancia, el mejor sindicato es el que
no existe.
Los dirigentes sindicales piensan que podrán volver a
la situación de antes, recuperar la paz social, pero eso ahora es mucho
más difícil, tanto por la situación económica como por la actitud de
los trabajadores. Y desde luego se equivocarán si piensan que la clase
obrera es como un grifo que se abre o se cierra a su capricho. En muchos
sitios hemos podido ver que el apoyo a la huelga general ha ido
acompañado de una actitud muy crítica con los dirigentes. Se ponía en
evidencia que había "temas pendientes" en cómo actuaron en el
último convenio, o en los anteriores despidos, o en el pasado
expediente... En definitiva, en la política sindical que cotidianamente
han venido practicando.
Pero por encima de todas esas críticas, los
trabajadores sí entendieron la esencia de la situación, lo que estaba en
juego el 20-J, y actuaron como un solo hombre. Ni la precariedad, ni las
amenazas, ni la represión evitaron la huelga.
Sólo en Euskadi hemos tenido una situación que ha
evitado que el 20-J tuviera la misma dimensión que en el resto del
Estado. Pero debemos señalar que incluso en Euskadi, si consideramos los
días 19 y 20 en su conjunto, la huelga ha sido masiva; si bien esto no
resuelve el problema que se ha puesto de manifiesto: el peligro de la
división del movimiento obrero en líneas nacionales. Algo que sólo
podrá ser resuelto si los dirigentes sindicales estatales asumen
realmente la defensa de los justos derechos democráticos nacionales de
Euskadi y rompen, en este terreno también, con la política de seguidismo
del PP mantenida hasta ahora.
Los sindicatos ya han anunciado algunos primeros pasos
a dar. El 15 y 16 de julio habrá manifestaciones coincidiendo con el
debate del estado de la nación en el Parlamento, y en septiembre se habla
de una macro manifestación en Madrid al tiempo que se lleva a cabo el
trámite parlamentario con el que el gobierno pretende aprobar el
decretazo con el apoyo de CiU y CC.
Además, los combativos jornaleros del SOC, dando
muestra de su decisión y disposición a la lucha, han anunciado que
continuarán las movilizaciones, hablando de una marcha sobre Madrid.
Si el gobierno mantiene su postura, y por ahora parece
dispuesto a ello, la lucha va a continuar. Pero sería necesario
aprovechar la fuerza del 20-J y pasar a la ofensiva. Los sindicatos
deberían empezar ya a preparar la próxima huelga general, incluyendo
reivindicaciones pendientes como las que han señalado en la cuestión de
la fiscalidad, los emigrantes, la enseñanza..., a lo que habría que
añadir también la cobertura a todos los parados, incremento del SMI,
jubilación a los 60 años con el cien por cien del salario y contrato de
relevo, jornada de 35 horas sin reducción salarial, contrato fijo a los
15 días, derogación de la Ley de Partidos Políticos y demás leyes
represivas que ha aprobado el gobierno.
Hace falta una política socialista
La huelga general ha puesto de manifiesto la fuerza y
la disposición a la lucha por parte de los trabajadores, pero más
revelador, si cabe del ambiente social, ha sido la masiva participación
en las manifestaciones. Más de medio millón en Madrid y Barcelona;
manifestaciones de cientos de miles en las principales capitales y decenas
de miles y millares en pueblos y ciudades por todo el Estado. Es evidente
que incluso algunos de los que no pudieron ir a la huelga, por una u otra
razón, fueron después a las manifestaciones. Millones de jóvenes,
nuevos sectores de trabajadores, han participado en la movilización. Para
muchos de ellos era su primera huelga general e incluso su primera
manifestación. Esto ha sido sólo el principio. Ahora dependerá de los
próximos acontecimientos que el proceso de incorporación de estas capas
a la lucha y a la actividad sindical sea más rápido o más lento.
El carácter de estas manifestaciones era
extraordinariamente combativo, de oposición radical al PP y su política.
Podemos asegurar que reflejaba la búsqueda de una auténtica alternativa
que ilusione y de continuidad en el plano político a las aspiraciones que
allí se expresaban. Se veían todas las condiciones para que cristalizara
una auténtica alternativa de izquierdas que realmente rompa con la
política convencional mantenida hasta ahora por los partidos
tradicionales de la izquierda. Un fenómeno parecido al que vimos en
Francia con manifestaciones masivas contra Le Pen protagonizadas por
millones de jóvenes, pero que desconfían de la izquierda tradicional que
cuando acceden al gobierno, digan lo que digan en la oposición, se
convierten en respetables "políticos de Estado" y decepcionan
sus aspiraciones de cambio social.
Es probable que este movimiento, que refleja el deseo
de un profundo cambio social, no se exprese en las urnas si no hay un
cambio también palpable y evidente por parte de los dirigentes de la
izquierda. Algunos dirigentes creen equivocadamente, haciendo gala de un
estúpido cretinismo parlamentario, que este movimiento les apoyará
electoralmente y que, por lo tanto, sólo necesitan conquistar el etéreo
e inexistente espacio político de "centro" para así atraer los
votos de las capas medias y ganar las próximas elecciones. Se equivocan
totalmente.
Todas las aspiraciones que hemos visto expresarse el
día 20 son imposible de satisfacer bajo el sistema capitalista que, en
realidad, es un callejón sin salida. Lo que se consigue en un momento
determinado a través de la lucha, la burguesía intenta quitarlo a la
primera oportunidad. Hay que preparar las fuerzas para acabar de raíz con
el origen de los problemas que padecemos los trabajadores. Es necesario
construir desde ya una auténtica alternativa revolucionaria y ese es el
objetivo que nos proponemos desde El Militante . Por eso llamamos a
todos los jóvenes y trabajadores a unirse a nuestro movimiento. Esta
situación no se da sólo en el Estado español; en Francia, Grecia,
Italia o Argentina, a distintos niveles, se ve la misma situación. El
capitalismo no puede resolver los problemas de la sociedad. Se necesita
otra sociedad que ponga todos los recursos al servicio de la mayoría de
la población, controlados democráticamente por los trabajadores. Esto es
la democracia obrera, el socialismo.