Emilia Lucena

Efectivamente, las leyes aprobadas suponen un fuerte varapalo para la burguesía y el imperialismo en Venezuela que han saqueado impunemente las riquezas de este país acumulando enormes beneficios. Baste recordar que, a pesar de ser un país con enormes reservas petrolíferas, más del 80% de la población vive bajo el umbral de pobreza mientras que el 40% del PIB se dedica al pago de la deuda externa.

Después de tres años de su triunfo electoral, Chávez y su llamada "revolución bolivariana" no habían avanzado ni un ápice en la solución real de los acuciantes problemas de las masas venezolanas. Los patrióticos llamamientos de Chávez a los empresarios venezolanos para invertir en la "nueva Venezuela, libre de la corrupción", cayeron en el más espectacular de los vacíos mientras los jóvenes y trabajadores veían empeorar sus condiciones de vida y trabajo y los campesinos seguían en la más absoluta miseria.

Así las cosas, como habíamos pronosticado los marxistas, Chávez se enfrentaba a dos alternativas. O bien daba marcha atrás en las promesas que le proporcionaron el apoyo de la inmensa mayoría de la población, o bien se enfrentaba a los intereses del imperialismo y la parasitaria burguesía venezolana. La aprobación el 13 de noviembre de las famosas cuatro leyes es un paso mucho más profundo y lleva más lejos las medidas contra la propiedad privada de lo que el propio Chávez imaginaba hace tres años, tras su triunfo electoral.

Pero, ¿cuáles son las leyes, que han puesto en pie de guerra a los empresarios y terratenientes venezolanos y han desatado las iras de la burguesía internacional?

La Ley de Tierras atenta directamente contra los latifundistas al limitar la tenencia de tierras a no más de 5.000 hectáreas y exigirles que, de tener esa cantidad, deben estar productivas, existiendo la prerrogativa de que si el Estado considera que hay desidia en la producción, tiene derecho a su expropiación. Asimismo esta ley obliga a sembrar y cultivar lo que el Estado decida, en un momento determinado, por "razones de seguridad alimentaria". Otra medida que atenta contra los intereses de la gran propiedad privada de la tierra es la prohibición de usarla como garantía en los préstamos bancarios y la eliminación del derecho de herencia sobre la misma. Para hacernos una idea de lo que esta ley significa, no hay que olvidar que el 1% de los propietarios detenta el 60% de la propiedad.

La Ley de Hidrocarburos, que afecta esencialmente a la industria petrolífera, declara que "los yacimientos de hidrocarburos son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescindibles". Asimismo se aprueba que el Estado detentará un mínimo del 51% de las acciones, lo que evita que la empresa privada pueda ser mayoritaria, además de aumentar hasta un 30% los impuestos en el capital privado existente. El petróleo es la principal fuente de riqueza del país.

La Ley de Costas impone una franja de 80 metros de la orilla acuática como dominio público. Esto posibilita la expropiación de las edificaciones que se encuentren en dicha franja. Huelga decir aquí que fundamentalmente las edificaciones existentes son ostentosas villas privadas y hoteles de lujo inaccesibles para la gran mayoría de venezolanos.

Por último la Ley de Pesca reserva una franja de seis millas marítimas para los pequeños pescadores y prohíbe explícitamente la pesca en esa zona de los pescadores industriales que además ven aumentados sus impuestos por faenar en aguas venezolanas. Esta ley, además de favorecer a las familias que viven de la pesca artesanal, protege la riqueza oceánica de la costa y afecta fundamentalmente a las grandes compañías internacionales que hasta ahora esquilmaban las reservas marítimas de Venezuela.

Los empresarios y terratenientes venezolanos contestaron estas leyes con la convocatoria de un paro empresarial el pasado 10 de diciembre, apoyado por sectores de la pequeña burguesía, al que sin ningún tipo de empacho no dudaron en llamar "huelga general", planteándola como un éxito contra el gobierno. ¡Ahora a los cierres patronales se les llama huelga! Los medios de comunicación internacional también han decidido utilizar este término para intentar confundir al movimiento obrero, resaltando el hecho de que los dirigentes sindicales de la desprestigiada CTV (por cierto, los mismos que fueron apaleados y sacados de los locales sindicales por los trabajadores hace tres años) han apoyado a la patronal.

Sin embargo y, a pesar de la inmunda campaña desatada por los medios de comunicación burgueses contra estas leyes, muchos campesinos, jóvenes y trabajadores, salieron a la calle ese día, para enfrentarse a la patronal y a las histéricas mujeres de clase media y alta que con sus cacerolas intentaron emular a la clase media chilena de 1973, aunque ellos todavía no tienen ningún Pinochet al que apoyar.

La banca venezolana, cuya propiedad mayoritaria está en manos del BBVA y del Banco de Santander (BSCH), no se quedó atrás en su campaña contra las leyes aprobadas, pero Chávez ya les ha advertido que está dispuesto a expropiarles si deciden boicotear las medidas propuestas y negar créditos a los pequeños agricultores. Hasta aquí es sólo una amenaza, pero no es descartable que, en un momento determinado, la necesidad de garantizar a los campesinos —una parte importante de la base que apoya a Chávez— las semillas y aperos necesarios para cultivar la tierra, esa amenaza pase a ser un hecho.

Si Chávez, acuciado por la situación, llevara a cabo esta amenaza se podría encontrar con la mayoría de la economía nacionalizada, en un proceso similar aunque diferente, al que se vio abocado Castro después de la caída de Batista en 1956, que podría culminar con la salida de Venezuela del circuito capitalista y la instauración de un régimen de economía planificada.

No obstante, y a pesar de que un régimen de estas características supondría un gran avance para las masas empobrecidas de Venezuela, alimentando las esperanzas de millones de desheredados de América Latina y el mundo colonial, dicho régimen tendría en su seno enormes contradicciones y limitaciones como ha demostrado la experiencia histórica no sólo de un pequeño país como Cuba, sino incluso de un subcontinente como el de la antigua URSS.

Chávez parece no querer contar con los trabajadores para superar los obstáculos impuestos por imperialismo y el sistema capitalista, pero, como han demostrado los últimos acontecimientos, necesitará del apoyo de la clase obrera si quiere combatir a la reacción burguesa. Precisamente por eso la participación consciente de la clase obrera es una condición inexcusable para llevar a cabo la revolución en Venezuela. Sin la instauración de una verdadera democracia obrera, donde los trabajadores se impliquen y controlen activamente el desarrollo político y económico del país a través de órganos de poder elegibles y revocables, la llamada "revolución boliviariana", aún en el mejor de los casos —esto es su ruptura con la economía de libre mercado—, tendrá en su seno las suficientes contradicciones como para tener su tiempo contado. La única posibilidad real de establecer la viabilidad de un estado con la economía nacionalizada es contar con la participación activa de la clase obrera en las decisiones económicas y políticas del nuevo estado, a la vez que una orientación auténticamente internacionalista con el fin de extender la revolución a todo el continente, con un llamamiento claro y decidido a los trabajadores del resto de Latinoamérica por el derrocamiento revolucionario del capitalismo y la instauración de una Federación Socialista de América Latina que ponga en manos de la mayoría de la sociedad los ingentes recursos económicos del continente.

En el peor de los casos, es decir, si el proceso no va más adelante y Venezuela se mantiene dentro de las reglas de juego capitalistas sin satisfacer las necesidades de la mayoría de la sociedad, la reacción burguesa y el ejército bañarán en sangre el intento fallido de "arreglar" la sociedad desde arriba, como parece ser la intención de Chávez, a pesar de que por ahora cuente con el apoyo de un sector del ejército, especialmente oficiales de menor rango.