Raquel Estévez
Sevilla
El día 15 de enero finalizará la actividad en la mina
de Boliden, en Aznalcóllar. Eso quiere decir que sus 425 trabajadores se
quedarán en la calle. Las negociaciones que llevaron a cabo los
sindicatos en los pasados meses, desde que la empresa declarara su cierre,
no han tenido ningún resultado positivo para la plantilla. La posibilidad
de que el gobierno llevara a cabo un plan de jubilaciones anticipadas para
los trabajadores mayores de 50 años, no sólo no se ha concretado, sino
que la reunión que debía celebrarse el 9 de enero para llegar a un
acuerdo en este sentido, fue suspendida por el Ministerio "por
problemas de agenda". De igual forma, las seis supuestas empresas,
que nadie sabe cuáles son, que invertirían en la comarca de Aznalcóllar
para recolocar a los trabajadores de Boliden siguen tan escondidas como lo
estaban hace unos meses. Todo hace pensar que tanto el gobierno central,
la Junta, como los empresarios no tienen ninguna intención de salvar la
actividad minera, mientras tanto los trabajadores y jóvenes de la comarca
se enfrentan a un futuro incierto.
Por la nacionalización de las minas
La situación para otras comarcas mineras de Andalucía
no va a ser muy diferente a la que tiene en estos momentos toda la
población Aznalcóllar. Desde hace mucho tiempo las administraciones no
paran de hablar de la crisis en la que están inmersas explotaciones
mineras de las comarcas de Andévalo, Almagrena, Riotinto, Filón Sur o
Tharsis. El objetivo es preparar el terreno para que todas ellas acaben
igual que Boliden.
Los sindicatos CCOO y UGT han convocado una
manifestación el 17 de enero en Huelva y una huelga general (todavía sin
fecha) en todas las minas de Andalucía para reivindicar a las
administraciones soluciones a la minería metálica. Es un paso adelante
que por parte de los sindicatos se convoquen estas movilizaciones. Pero
para que la lucha sea un éxito es necesario, por un lado, la extensión
de la lucha, haciendo un llamamiento a que participe toda la población de
esas comarcas en las manifestaciones y en la huelga, ya que todos están
afectados por la pérdida de empleo y cierres de minas. Por otro lado, los
sindicatos deberían negarse contundentemente a cualquier despido. Como ya
hemos tratado en otros artículos en El Militante, mientras empresas como
Boliden se han llevado miles de millones de pesetas de ayudas públicas
que no se sabe adónde han ido a parar, mientras el Estado ha tenido que
pagar 47.000 millones de pesetas para la limpieza y los daños por los
vertidos tóxicos en Doñana, los mineros de esta empresa llevan meses en
suspensión de pagos y en pocos días se encontrarán sin trabajo. Por
tanto es fundamental que CCOO y UGT lleven la lucha hasta el final, contra
cualquier despido y por la nacionalización de estas minas, sin
indemnización y bajo control de los trabajadores. Esa sería la única
salida para mantener los puestos de trabajo de hoy y para el futuro de
miles de jóvenes de estas comarcas.