Cristiane Leyendecker
Brasilia (Brasil)

Las conquistas de los trabajadores brasileños están siendo amenazadas una vez más por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Está pendiente de aprobación en el Congreso Nacional un paquete de medidas de restricción a las huelgas de los funcionarios públicos y que flexibilizan la Consolidación de las Leyes Laborales (CLT) de tal manera que los acuerdos entre empresas y sindicatos tendrán una peso mayor que la propia CLT, hecho que perjudicará principalmente a los trabajadores con menor organización sindical. Además, la modificación de la CLT va a significar retrocesos reales en las conquistas de los trabajadores: tanto el depósito del 8% del salario que se destinaba al Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS), como el plus de nocturnidad y de insalubridad pasan a depender directamente de la negociación entre los empresarios y trabajadores; la remuneración de las horas extras superior al 50% de la horas normales ya no está garantizada; el permiso de maternidad y paternidad, al no estar garantizadas en la Constitución, podrá ser abolido; los pluses para trabajos insalubres, peligrosos o penosos ya no está garantizados; el salario-familia puede ser eliminado; ya no habrá una base salarial mínima. En fin, después de tantas luchas por conquistas laborales los trabajadores perderán sus derechos más elementales.

Aparte de estas medidas, el gobierno de Cardoso está lanzando un paquete anti-huelga, que hace a este gobierno tan autoriatario como los que existían en tiempos de la dictadura militar. La Medida Provisional (MP) tiene como objetivo restringir el derecho a huelga a los funcionarios públicos. El presidente intentó aprobar la MP después de la reciente huelga de profesores que duró más de tres meses. La medida restringirá al periodo de un mes la legalidad de una huelga, después de este plazo se podrán cobrar multas a los sindicatos convocantes y se legalizará los despidos colectivos y nuevas contrataciones para sustituir a los huelguistas. La medida atenta contra el derecho constitucional a huelga, además deja sin efecto cualquier conquista pasados los 30 días de huelga, al ser considerada a partir de este tiempo ilegal por parte del gobierno.