El día 1 de diciembre la juventud de todo el Estado español protagonizó la mayor movilización contra el gobierno del PP desde que accediera al poder en 1996. Con la LOU y los planes previstos en la Ley de Calidad, la derecha se propone lanzar el mayor ataque contra la educación pública desde la caída de la dictadura. El aislamiento del Gobierno en este empeño es evidente. La actitud arrogante de la ministra, dando cifras ridículas de la participación en las manifestaciones y negándose a retirar la LOU, no ha hecho más que crispar aún más los ánimos de los estudiantes, profesores, PAS y padres e incrementar la simpatía social hacia la lucha de la juventud. Ahora mismo, el frente educativo está centrando toda la atención social y la preocupación del gobierno y de la burguesía.

La actitud cerril del MEC y del Gobierno, teniendo en cuenta lo que se juega y desde el punto de vista de los intereses de clase que defiende, tiene su lógica. Por un lado, las medidas que quiere imponer en el terreno educativo tienen un carácter estratégico y son una parte importante del conjunto de medidas que son imprescindibles para la burguesía para afrontar la crisis económica, evitando en lo posible su repercusión negativa en el beneficio de los capitalistas. Es ese el sentido que tiene la recientemente impuesta reforma laboral, la privatización de la sanidad, el aumento de los impuestos indirectos, las exenciones fiscales a las empresas, etc. Por otro lado, hacer cualquier concesión seria a los estudiantes, como sería la retirada de la LOU, animaría a la movilización y a la lucha de los trabajadores, hartos de la precariedad en el empleo, de salarios de miseria, de jornadas laborales extenuantes, de represión patronal en los puestos de trabajo... Incluso otros sectores sociales como los pequeños agricultores, duramente castigados por la reconversión agraria de los últimos años, podrían movilizarse.

La gran baza con la que ha contado el PP en los seis años que lleva en el gobierno es haber contado con paz social, en gran medida fundamentada en la falta de una oposición política y sindical seria. Incluso la propia mayoría absoluta del PP en el parlamento tiene muchísimo más que ver con la incapacidad de las direcciones de los partidos y sindicatos de izquierdas de ilusionar su base social—basta recordar que el PSOE e IU perdieron tres millones de votos en las últimas elecciones generales, que se fueron a la abstención —, que con el apoyo y simpatías que pueda suscitar la política de la derecha que, como se está viendo, está cada vez más contestada.

Las movilización de la juventud contra las medidas educativas del PP han abierto una oportunidad para cambiar radicalmente el panorama político de los últimos años. Se podría derrotar al PP si toda la expectativa, el ánimo y la presión social generada con la multitudinaria manifestación del día 1 se aprovecha para convocar otro paso más contundente: la convocatoria de una huelga general de toda la comunidad educativa. El paso dado por la dirección de CCOO y UGT de convocar la Marcha a Madrid ha sido muy positivo, porque dio una magnitud social a la lucha que hubiese sido imposible sin la implicación de los trabajadores. Pero el día 1 no puede ser la "culminación" de las movilizaciones contra las medidas educativas del PP, tal como machaconamente defiende El País —fiel representante de los intereses de la burguesía— en sus artículos y editoriales, consciente del peligro que supone que la lucha vaya a más.

Ciertamente, echar atrás los planes del PP no es fácil, pero tan cierto como esto es que nunca la posibilidad de infligir una derrota a los planes de la derecha está tan cerca como hoy.