La inexistencia de déficit público no va a suponer más prestaciones sociales (mejor sanidad y educación, viviendas baratas, pensiones dignas, etc.), porque sólo se puede conseguir recortando, congelando o aumentando mezquinamente dichos gastos sociales, como ahora demostraremos con las cifras facilitadas por el propio Gobierno.

Aznar afirma que, como van a aumentar los ingresos del Estado, los gastos sociales no van a sufrir ninguna merma. Para conseguir esta maravilla el Gobierno contempla un crecimiento del 3,6% del PIB para el año 2001 (de esta manera el valor de la producción generada en el Estado español superaría por primera vez los 100 billones de pesetas el próximo año) y un aumento de los precios de sólo el 2%.

No hace falta ser un gran economista para darse cuenta de que estos objetivos del Gobierno Aznar entran en contradicción con la realidad. Unos presupuestos estatales no pueden diseñarse al margen de la realidad económica, particularmente del crecimiento económico y de la inflación, pues ambos factores determinan toda la política de gastos e ingresos del Estado.

Y la realidad nos dice que las perspectivas para la economía española y europea no son tan halagüeñas como nos las pintan Aznar y sus ministros. La subida del precio de los combustibles y de los tipos de interés van a tener una incidencia directa en el consumo de las familias trabajadoras y en la cuenta de resultados de muchas empresas. Fiar parte del crecimiento económico al aumento de las exportaciones hacia el mercado estadounidense, aprovechando la debilidad del euro, no va a durar siempre, particularmente si la economía USA entra en una senda descendente (lo que es más que probable en el próximo año) fruto de un "aterrizaje suave" o "brusco", en el caso de que se dé un descalabro en la Bolsa, tal y como avisan incluso los economistas burgueses más serios.

Por otro lado, suena a broma fijar el objetivo de inflación para el próximo año en el 2%, cuando la inflación interanual está en el 3,7. Como afirman los sindicatos este objetivo del 2% se ha fijado arbitrariamente para que sirva de referencia a los empresarios para las subidas salariales en la próxima negociación colectiva, y para justificar la congelación salarial de los funcionarios.

A pesar de toda la propaganda, el gasto público para el próximo año (34,7 billones de pesetas) va a perder terreno en relación a la riqueza creada. Si este año suponía el 33% del PIB, el próximo año supondrá el 32,5.

En el capítulo de ingresos llama la atención que por tercer año consecutivo el Estado saque más por los impuestos indirectos (los más injustos, porque pagan lo mismo un banquero que un parado por cualquier objeto de consumo) que por los directos (IRPF, impuesto de sociedades, etc.), en donde deberían pagar más los que más tienen. En particular esperan ingresar 1,55 billones de pesetas (un 3,1% más que en 2000) por el impuesto a los carburantes, a pesar del anuncio de su congelación, y, una vez más, a costa de millones de trabajadores que utilizan el coche como herramienta de trabajo para sus desplazamientos.

Para el próximo año, nuevamente, el Gobierno de la derecha ha aprobado rebajas de impuestos (exenciones fiscales), por valor de 6,1 billones de pesetas: 2,3 billones correspondientes al IRPF y el resto (cerca de 4 billones) rebajado directamente a los empresarios (impuesto de sociedades, de transmisiones y del patrimonio, ayudas a las inversiones, etc). Aquí se ve una vez más para quién gobierna el PP: para los más ricos y privilegiados. Estas rebajas de impuestos espera el Gobierno recuperarlas con la "buena" marcha de la economía. "Si hay más beneficios, si hay más consumo, se recaudará más". Esos regalos del Gobierno PP a los empresarios no necesariamente redundarán en la creación de empleo, que viene determinada, desde el punto de vista del empresario, por las necesidades de producción y las expectativas de venta. En vez de la secuencia beneficios-consumo-empleo, podemos asistir a la de beneficios-beneficios-más beneficios, y cuando lleguen las vacas flacas quien pague el pato seremos los trabajadores, y los empresarios podrán decir aquel refrán de "que nos quiten lo bailao".

El Gobierno Aznar se ufana de que el capítulo de inversiones en infraestructuras va a crecer un 9,1% (en total 1,3 billones), si bien está muy desigualmente repartido, porque la parte del león se la llevará el tren de alta velocidad, mientras que la financiación de otras infraestructuras básicas se dejará para mejor ocasión.

Los gastos sociales van a permanecer congelados y, en el mejor de los casos, van a crecer de una manera mezquina. Pues ¿no dicen que la economía va bien? Entonces ¿no es hora ya de que nuestras pensiones, la cobertura del subsidio de desempleo, la sanidad, la educación, las posibilidades de acceso a una vivienda digna crezcan de manera proporcional a los beneficios de los empresarios? Nada de esto le importa a los capitalistas y a su Gobierno.

Para que los gastos sociales se mantuvieran al mismo nivel del pasado año deberían crecer como mínimo lo que crece la economía (el PIB) más la inflación real (que estará como mínimo en torno al 3,5%). Así pues deberían crecer al menos entre el 6,5% y el 7% para que no perdieran terreno en relación a la riqueza creada.

Sin embargo, los gastos de sanidad van a crecer sólo un 5,8% (en total 4,7 billones); las pensiones un 5,5% (9,81 billones), y hay que tener en cuenta que incluye el dinero destinado a mantener el poder adquisitivo de las pensiones por la desviación de la inflación por encima de la prevista este año, y que se prevé la incorporación de más beneficiarios; el dinero del Inem destinado al subsidio de desempleo un escaso 2,6%; las ayudas para el acceso a la vivienda un miserable 0,5% (110.000 millones de pesetas).

Resulta escandaloso que del presupuesto del Inem (2,2 billones de pesetas), pagado exclusivamente por los trabajadores, se destine al subsidio de desempleo sólo 1,37 billones de pesetas, con el objetivo de ampliar la cobertura por desempleo a la indignante cifra de ¡32.000 parados más!, y que el resto vaya, sobre todo, al bolsillo de los capitalistas: 300.000 millones como bonificaciones empresariales y los otros 500.000 millones a las llamadas políticas activas de empleo (que se llevan un total de 826.000 millones), que van también mayoritariamente a los empresarios.

No obstante, por primera vez en dos años va a crecer el dinero dedicado a pagar los intereses de la deuda pública, 2,83 billones de pesetas (1,1 billones más que el pasado año), como consecuencia del aumento de los tipos de interés. Y este dinero irá directamente a los grandes prestamistas del Estado: la gran banca y los especuladores bursátiles.

No por casualidad, dentro del apartado de gastos de estos presupuestos, hay una serie de partidas que llaman la atención por su gran crecimiento. Los fondos reservados destinados al Cesid, los servicios secretos, aumentan un ¡33%!, hasta los 1.400 millones de pesetas. El presupuesto del Ministerio de Defensa va a superar por vez primera el billón de pesetas. Y los fondos destinados a la "seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias" crecen un 8,4% (más de 800.000 millones de pesetas), "como exponente de su carácter prioritario en el marco sociopolítico actual", según se señala en la documentación oficial. Es decir, que con la excusa del "terrorismo" aumentarán los gastos de los cuerpos represivos del Estado, que también serán utilizados contra las luchas de los trabajadores y la juventud, como hemos podido comprobar en los últimos meses.

En definitiva, ¿no decía ya Marx que cualquier Gobierno de un país capitalista moderno actúa como el consejo de administración de los intereses de la burguesía de ese país? Los Presupuestos del Estado reflejan fielmente esta realidad.