Las carreras universitarias se modificarán completamente, pasando a estar organizados en ciclos: Grado y Posgrado (o Masters). El primer ciclo (título de Grado) dará opción a alcanzar el título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero. El objetivo de estos estudios será el de proporcionar “conocimientos generales básicos” y conocimientos específicos para la “integración en el mercado laboral”. Sólo aquellos estudiantes que puedan realizar los estudios de posgrado tendrán una especialización. La primera conclusión es clara: los títulos de licenciado, arquitecto o ingeniero quedarán devaluados y habrá títulos universitarios de 1ª categoría (los de posgrado) a los que podrá acceder una pequeña minoría y títulos de 2ª categoría (los de grado).

Acceso y permanencia

Estos decretos profundizan los aspectos más negativos de la LOU en el terreno del acceso y permanencia a la universidad convirtiéndolos en una verdadera carrera de obstáculos. Para empezar, a partir del curso 2004-05, con la implantación de la reválida, será necesario obtener en esa prueba una nota de 5 o más para tener derecho a hacer la media con la nota de bachillerato. Hasta ahora era suficiente con obtener un 4 en la prueba de selectividad. Esta medida, va a significar que un porcentaje muy importante de estudiantes se queden fuera de la universidad y sin título de bachillerato. Los que consigan pasar esta primera criba y hagan una carrera, para obtener el título oficial de Grado tendrán que superar un “examen o prueba general necesaria para la obtención del título”. Es decir, se introduce una prueba final, otra reválida, sin la cual no se estará en posesión de dicho título aún habiendo aprobado los 3 o 4 años de carrera.

Por supuesto, sin este título no se podrá optar a entrar en los estudios de posgrado. De hecho, a estos cursos de posgrado no podremos acceder todos. Para optar a un curso de master no sólo se necesitará el título de grado, sino que nos encontraremos con que cada universidad podrá seleccionar a los estudiantes que lo soliciten “conforme a los criterios de valoración de méritos que establezca la Universidad”. Evidentemente, las plazas serán limitadas y cada universidad podrá elegir a quien considere oportuno y en base a los criterios que quiera (extracción social, estudiante a tiempo completo...). Estos cursos de posgrado serán ofertados atendiendo a las leyes del mercado privilegiando las ramas que, desde un punto de vista empresarial, sean más rentables. Además, no todas las Comunidades Autónomas impartirán todos los cursos de posgrado, con lo cual teniendo en cuenta la escasa política de becas (no podemos olvidar que estamos a la cola de Europa en este terreno) la igualdad de oportunidades para el acceso a los cursos de master se verán seriamente dañadas. Tampoco podemos olvidar que aunque el Ministerio de Educación habla de que serán títulos ofertados por las universidades públicas, no dice qué precios tendrán, siendo actualmente precios desorbitados para la mayoría de los estudiantes, aunque se impartan en las universidades públicas (por ejemplo, este curso, la Universidad pública Carlos III de Madrid oferta un Master en “Dirección de la Empresa Audiovisual” que cuesta 7.250 euros). Esta será la primera criba, una criba económica para el acceso al título de posgrado.

Otra de las novedades será que las horas de clase, tanto de teoría como de práctica, no podrán exceder el 50% de los créditos de cada materia del plan de estudios. Esto incidirá directamente en el recorte de inversión pública en la universidad, permitiendo que más de la mitad de la asignatura dependa de actividades que no se realizan en la propia universidad. Esto sin un plan presupuestario que permita el incremento del profesorado, la mejora de las infraestructuras (bibliotecas, laboratorios, etc.) abre la puerta a un aumento de las diferencias entre alumnos. Aquellos que puedan pagarse fuera de la universidad profesores particulares o cursos en academias e instituciones privadas tendrán claras ventajas a la hora de preparar las distintas materias.

Selección social

El PP, con toda esta reforma, pretende expulsar estudiantes de la universidad y reducir más, si cabe, el gasto público en este capítulo. También es una forma de desincentivar a los estudiantes, para que abandonemos la idea de hacer una carrera universitaria. A partir de ahora, se verá con mayor dificultad el estudiar en la universidad, siendo nuevamente los sectores sociales más desfavorecidos los que más sufran las consecuencias. El pensamiento es claro ¿puedo permitirme el lujo de estar tres o cuatro años estudiando si, aunque apruebe, me puedo quedar sin el título?

Estamos ante un nuevo ataque a la universidad pública, por eso desde el Sindicato de Estudiantes anunciamos que el PP se volverá a encontrar frente a los estudiantes en la defensa de una educación pública de calidad para los hijos de los trabajadores.

Miriam Municio

Secretaria general del SE