Por la expropiación de los grandes latifundios bajo control democrático de los trabajadores del campo

A pesar de vivir en pleno siglo XXI, la realidad de las explotaciones agrícolas, particularmente en Andalucía y Extremadura, sigue marcada por la gran propiedad terrateniente. El 3% de los propietarios agrarios dispone de la titularidad del 54% de las tierras cultivables, es decir, 13 millones y medio de hectáreas, una superficie mayor que Andalucía y Extremadura juntas. A estas enormes extensiones hay que sumar una parte importante de los millones de hectáreas de terreno forestal que también acumulan un puñado de familias, generalmente descendientes de la nobleza y, en todos los casos, influyentes capitalistas como la duquesa de Alba. Estos ricos propietarios se ven beneficiados además por generosas subvenciones estatales y de la Unión Europea. La opulencia de unos pocos contrasta con la ruina de miles de pequeños agricultores y la explotación  y miseria para cientos de miles de jornaleros.

 Esta concentración de la propiedad de la tierra condena a los trabajadores del campo a la inestabilidad laboral y el desempleo, a realizar jornadas extenuantes a cambio de un miserable jornal diario, sometidos a la voluntad del manijero. Por si fuera poco, en los últimos años la patronal agrícola ha dado una vuelta de tuerca más a la explotación mediante una serie de intermediarios añadidos como las ETTs, consiguiendo una vuelta al trabajo a destajo basado en cuadrillas de jornaleros cada vez más reducidas y jornadas cada vez más largas. Así, el gran capital mantiene su tasa de beneficios en el medio rural extendiendo condiciones laborales de semiesclavitud.

 Estas condiciones de vida y de trabajo a las que se han visto condenados los trabajadores del campo durante siglos en zonas como Andalucía, demuestran que no habrá solución mientras la propiedad de la tierra siga en manos de los latifundistas. Las organizaciones sindicales de la clase trabajadora deben defender y luchar por la Reforma Agraria que necesitan cientos de miles de jornaleros condenados al desempleo y la lucha por la supervivencia. Una Reforma Agraria que debe pasar por la expropiación sin indemnización de los grandes latifundios, empezando por aquellas tierras que permanecen sin cultivar y percibiendo cuantiosas subvenciones por ello. La nacionalización de la tierra bajo la administración pública y el control por los propios trabajadores del campo y sus organizaciones, establecerá las bases materiales para acabar con los salarios de miseria, el desempleo y la sobreexplotación, permitiendo planificar la producción agrícola sobre bases socialistas, es decir, atendiendo a los intereses de los propios trabajadores agrícolas y los consumidores en general,  en vez del mercado capitalista como ocurre actualmente.

 Junto con la nacionalización de los latifundios es necesario también luchar por la expropiación sin indemnización de las grandes empresas que monopolizan el sector agroalimentario y condenan a los jornaleros y a los pequeños propietarios y arrendatarios a una vida de trabajo infame y deudas bancarias interminables.

 La defensa de un programa de clase para el campo también pasa por la nacionalización de la banca, que permitiría financiar las inversiones necesarias para la aplicación de la tecnología más avanzada y productiva con el uso de semillas y abonos naturales y ecológicos, aumentando la cantidad y calidad de la producción agrícola sin que ello suponga un deterioro del medioambiente. Una banca nacionalizada y gestionada por los trabajadores, proporcionaría créditos baratos a aquellos que más lo necesitan, permitiendo a las pequeñas explotaciones librarse de la tiranía de los usura de la gran banca privada y las grandes multinacionales de la distribución.

¡Victoria de la huelga jornalera en la Vega del Guadalquivir en Córdoba!

 Este éxito, posible gracias a la determinación y combatividad de los trabajadores, dirigidos por el SOC-SAT, vuelve a demostrar que los métodos y las reivindicaciones en torno a los cuales se organiza la lucha son determinantes para su victoria. En primer lugar, los trabajadores de Palma del Río que iniciaron la movilización la extendieron al resto de sus compañeros en otras fincas y pueblos, consiguiendo que cada nuevo día de huelga significara un avance en el número de participantes en la lucha. Otro factor decisivo ha sido la unidad de todos los trabajadores, nativos e inmigrantes, demostrando como la lucha obrera no atiende a diferencias de nacionalidad o sexo, sino exclusivamente a la diferencia de clase entre explotadores y explotados. Así mismo, ha sido clave el método democrático con el que se ha organizado la huelga, basados en asambleas de trabajadores que deciden sobre el curso de la lucha.

 Sobre estas bases, y a pesar de muchas dificultades incluida la oposición de los dirigentes de UGT y CCOO a la huelga, que no la de decenas de afiliados a ambos sindicatos que han participado en la lucha, los trabajadores de la Vega han conseguido la aplicación del convenio así como el compromiso de la patronal de contratar a 1.400 trabajadores de la comarca en paro. El cumplimiento de dichos compromisos será vigilado por una comisión integrada por diez jornaleros elegidos en la asamblea de trabajadores, que recorrerán diariamente los tajos.