La defensa del sector audiovisual público que hacemos desde la Federación de Servicios de la UGT es coherente con la política general del sindicato de defensa de la sociedad del bienestar, entendida como sistema de redistribución de la riqueza que atenúe las diferencias sociales y ponga al alcance de todos la disponibilidad de bienes y servicios fundamentales.

Al lado de la sanidad, la educación o las infraestructuras, la información, la formación y el entretenimiento son bienes que han de estar al alcance de todos, de los que más tienen, pero también de los que menos tienen. Y esa disponibilidad sólo se puede garantizar si los servicios de radiotelevisión son asumidos en parte directamente por el Estado. La existencia de un sector audiovisual público debería ser motivo de un pacto de Estado duradero.

En el ámbito de País Valenciano, quienes coinciden con los postulados que acabamos de exponer constituyeron el pasado diciembre la Plataforma per uns mitjans públics al servei dels ciutadans i de la democracia, plataforma que integra prácticamente a todos los partidos políticos, excepto el Partido Popular, a los sindicatos y a numerosas entidades ciudadanas, cívicas y sociales.

El PP contra todos

La plataforma ha llevado a cabo diversas acciones contra la privatización y convocó una manifestación, que se celebró el domingo 23, en el centro de Valencia, y contó con la asistencia de todas las organizaciones que defienden la radiotelevisión pública y de más de cinco mil valencianos y valencianas. Lo dicho: el PP contra todos.

El gubernamental partido de la derecha, en ocho años de gobierno, ha endeudado en más de 400 millones de pesetas el ente público RTVV, que integra la televisión y la radio públicas. Al mismo tiempo, ha trivializado la programación y ha llevado la información a cotas de manipulación inimaginables.

Ahora, cuando pueden perder el poder, quieren rescatar para el mercado, para sus amigos, los posibles beneficios ideológicos y económicos de Canal 9, dejando en el ámbito público la deuda.

Para evitarlo, la UGT combina la batalla sindical con la jurídica, que se iniciará cuando se convoque el concurso de privatización. Desde el inicio del conflicto, el sindicato ha estado al lado de los trabajadores, que llevan tres meses concentrándose diariamente ante la entrada del centro de trabajo de Burjassot. Su propia empresa no ha informado de su protesta ni una sola vez.

Desde la perspectiva sindical no podemos olvidar que, además de devaluación democrática que comportaría, la privatización de Canal 9, aunque sólo sea de su gestión, traerá graves consecuencias para buena parte de la actual plantilla, que se verá en la calle, y para la nueva, que no dispondrá de convenio colectivo. La desregulación del sector se agudizará y acabará repercutiendo sobre los trabajadores de todas las empresas audiovisuales del País Valenciano.

Por todo lo expuesto, es vital, para recuperar espacios de libertad y de pluralidad democrática, parar la privatización de RTVV. Para ello, son importantes todas las manifestaciones ciudadanas de cualquier tipo que proclamen la necesidad de defender la televisión pública, la televisión de todos no sometida a la dictadura económica del mercado.