1. En el último periodo estamos asistiendo a un incremento de los procesos judiciales a trabajadores por cuestiones relacionadas con el ejercicio de la libertad sindical (movilizaciones, huelgas, etc). Bajo acusaciones de "alterar el orden público" o de "atentado contra la autoridad", hemos visto como se solicitan penas de hasta siete años de cárcel (como en el caso de un trabajador de CGT, por participar en un piquete), se sancionan a trabajadores con multas y se resuelven favorablemente despidos contra representantes sindicales. Todo ello con un mismo fin: amedrentar a los sectores más combativos del movimiento sindical.

2. Hace escasos meses asistimos al encarcelamiento, tras un juicio completamente amañado, de los sindicalistas de la CSI Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala. Gracias a la solidaridad del conjunto del movimiento obrero asturiano y del resto del Estado español e internacional, los dos compañeros fueron puestos en libertad. Tan sólo en Asturias, en menos de un año, sindicalistas de SUATEA, CSI, CCOO, UGT o USO han pasado por los juzgados o están pendientes de juicio por participar en distintas movilizaciones.

3. Queremos señalar especialmente que este acoso al movimiento sindical contrasta vivamente con la permisividad que se tiene frente a las actuaciones de la ultraderecha y de los elementos fascistas contra trabajadores inmigrantes, militantes de izquierda, etc...O con la magnanimidad con la que se abordan las responsabilidades patronales en los accidentes laborales, que anualmente provocan la muerte o incapacidad de miles de trabajadores, mientras los responsables de estos crímenes quedan impunes.

4. La represión no se da solamente por la vía judicial. También dentro de las empresas asistimos a una auténtica ofensiva de la patronal, amparada por la creciente precariedad laboral existente: persecución sindical, vulneración de los derechos de huelga, calumnias y presiones de todo tipo para intentar amedrentar a los trabajadores más conscientes. Denunciamos la persecución sindical que se está produciendo actualmente en empresas como Lavachel, Obrerol, Cogitrans, Serunión, San José-El Ejedillo y tantas otras y nos solidarizamos con los compañeros y compañeras represaliados en esas empresas.

5. Por otro lado, no queremos olvidar que la represión trasciende claramente el ámbito laboral, llegando a la persecución política de innumerables personas y colectivos sociales. Actualmente también están a la espera de juicio personas pertenecientes al movimiento ecologista, vecinal, estudiantil, por delitos tales como oponerse a la especulación urbanística, denunciar un atropello medioambiental o protestar por las agresiones continuadas de la ultraderecha, delitos estos que nunca o casi nunca son castigados ni perseguidos por el gobierno y el aparato judicial de la burguesía.

6. Frenar esta ofensiva a nuestros derechos democráticos requiere de la máxima unidad y firmeza del movimiento obrero. Instamos a las organizaciones sindicales, muy especialmente a CCOO y UGT, a no abordar de forma aislada cada uno de estos casos, sino dar una respuesta global ante esta agresión al movimiento obrero y las organizaciones de izquierda.

Madrid 10 de noviembre de 2007