El pasado 20 de abril El País publicaba la noticia de la trágica muerte de una niña de 14 años tras lanzarse de la furgoneta en la que era trasladada, tras disfrutar de un permiso, de vuelta al centro Casa Joven, que la Fundación O´Belen gestiona en Azuqueca de Henares. Esta desgracia no es un hecho aislado. El pasado mes de diciembre un chaval de 13 años se quitó la vida en El Picón, centro que O´Belen gestiona en Paracuellos del Jarama. Pocos días después otro menor intentó suicidarse en este mismo centro, afortunadamente sin éxito. En el año 2007 un niño de 12 años apareció muerto en "extrañas circunstancias" en el centro Vaix Vinalopó (Elche) también de O´Belen.

A principios de año, toda la comunidad educativa quedaba traumatizada por la noticia de la expulsión de los compañeros de la FAPA Giner de los Ríos de su local central en Madrid. Desde el Sindicato de Estudiantes (SE) ya expresamos nuestro más absoluto rechazo a esta medida que es un ataque profundo a los derechos democráticos más básicos como es el derecho de asociación. También explicamos que si no se le plantaba cara al gobierno de Esperanza Aguirre los ataques no cesarían. Por desgracia, no nos equivocábamos. Meses después de esta expulsión se produjo la de la delegación de la FAPA de Leganés, que ocupaba un terreno cedido por la Comunidad Autónoma de Madrid en el antiguo CAP de Leganés.

 

Con la profundización de la crisis estamos presenciando un giro a la izquierda en el discurso de un sector de la dirección de IU. No se pueden pasar por alto las declaraciones de Cayo Lara sobre la huelga general o sobre la decadencia del sistema capitalista. En la entrevista concedida a este periódico el mes pasado decía: "Venimos escuchando desde 2008 a los mismos que han contribuido a provocar este caos económico y social que es ‘hora de refundar el capitalismo'. Nosotros estamos en contra. Hemos apostado decididamente por lo que hemos denominado Socialismo del siglo XXI como respuesta a la demanda de la sociedad de un cambio importante en las políticas aplicadas hasta ahora en nuestro país y en los de nuestro entorno. En ello trabajamos en estos momentos".
En esta misma línea el pasado mes de febrero el Consejo Político Federal aprobó una serie de propuestas frente a la crisis. Algunas, como la creación de 1.600.000 puestos de trabajo y evitar la pérdida de 450.000, las ayudas especiales de 600 euros mensuales para las familias afectadas más duramente por el desempleo, una reforma fiscal que restituya el concepto de fiscalidad progresiva, haciendo pagar más a quién más tiene y medidas de combate al fraude fiscal, tienen un claro sentido progresista. Sin embargo, muchas de estas medidas son insuficientes para contrarrestar los efectos devastadores de la crisis y además no entran en las causas de fondo de la misma. A continuación comentamos algunas propuestas centrales del plan de IU:
· Rechazar todos los ERE de las empresas que han obtenido beneficios en 2008 y resolver los ERE con un Plan Social de Formación y Recolocación en el que los trabajadores mantendrán la relación laboral con la empresa. Una parte de este plan se financiará con el subsidio de desempleo y la otra a través de la empresa. Examinar de forma rigurosa los ERE restantes, aunque las empresas hayan tenido pérdidas en 2008.
Los planes de formación y recolocación en esta situación tienen un pequeño problema, en un mercado laboral con más de cuatro millones de parados es muy complicado recolocarse en otra empresa. La experiencia de las crisis anteriores es que los planes de recolocación han sido siempre un fracaso. Además, es inaceptable que se utilice para planes de formación el subsidio de desempleo, que debe ir íntegramente al trabajador. Esta función debe ser garantizada por el Estado sin retraerlo de ninguna otra prestación o gasto social.
Por otro lado, hemos visto como muchas empresas falsifican sus cuentas para justificar cierres o despidos, por lo tanto no se pueden aceptar ni los ERE de las empresas con beneficios ni los de las empresas que no los tienen. La alternativa frente a los despidos tiene que pasar por la nacionalización bajo control obrero de las empresas que estén amenazadas de cierre o con despidos masivos y ponerlas a producir bajo un plan estatal basado en las necesidades sociales.
· Dotación en el año 2009 de 10.000 millones de euros para obras de los ayuntamientos. Dotación durante los ejercicios 2009 y 2010 de 2.000 millones de euros para financiar subvenciones gestionadas por los Ayuntamientos de hasta el 25% del importe de obras de rehabilitación de viviendas privadas, reforzar el Fondo Especial del Estado para el estímulo de la Economía y la Creación de Empleo (Plan E de Zapatero) con 2.000 millones adicionales que se destinarían esencialmente a mantenimiento y mejoras del firme en las carreteras de doble sentido, mejora de la seguridad vial y de la señalización, repoblación forestal y vegetal; y la contratación de 120.000 empleados públicos para cubrir las necesidades sociales.
Estamos de acuerdo con la necesidad de poner en marcha planes de inversión público que tengan como finalidad la mejora de los servicios sociales y la creación de empleo. Sin embargo, no se puede atajar la crisis capitalista sólo con medidas de inversión pública u obras estatales. Esto es, en todo caso, un minúsculo paliativo frente a la gigantesca huelga de inversiones que protagonizan los capitalistas en momentos de crisis. No se pueden absorber cuatro millones de parados con obra pública, mientras las principales palancas de la economía siguen en manos privadas. Hay una cuestión básica siempre que se habla de incremento del gasto público y es: ¿de dónde sale este dinero? Aumentar el gasto público sin tocar las grandes fortunas amasadas por los capitalistas significa aumentar la deuda pública, algo que finalmente puede repercutir negativamente en los trabajadores. Por otro lado, ¿qué tipo de control se ejerce sobre el dinero destinado a los ayuntamientos? Hay que exigir mecanismos de control obrero para que ese dinero no acabe en manos de las grandes constructoras.
· Ayuda a las cajas de ahorro y creación de una banca pública que compita con la privada.
Los bancos y las cajas de ahorro no conceden créditos no por la falta de liquidez, sino porque hay una caída brutal de la inversión y del consumo. Ni los empresarios, ni las familias trabajadoras (que por otro lado, no tienen intereses comunes) quieren endeudarse más aún. La crisis no es de liquidez sino de sobreproducción, es decir, es consustancial al capitalismo.
Por otro lado, es verdad que el sector financiero es clave en una economía, pero la única manera de que efectivamente la banca actúe como un propulsor del desarrollo económico y la prosperidad social es quitarla de las garras privadas. Una banca pública conviviendo con la banca privada, funcionando bajo los criterios de una economía de mercado y fuera del control efectivo de los trabajadores, no resolverá nada.
Ante esta situación es necesaria la nacionalización de los bancos y aseguradoras bajo el control y administración democrática de los trabajadores. La nacionalización de los bancos es la única manera de garantizar los depósitos y ahorros de la gente corriente, rebajar los tipos de interés hasta limitarlos a los costes necesarios de las operaciones bancarias y dar créditos baratos para aquellos que lo necesiten: trabajadores y pequeñas empresas.

Por una IU con un programa socialista

En el documento aprobado en el Consejo Político Federal se explica lo siguiente: "Las propuestas de Izquierda Unida no son la solución de la crisis. Esta sería una pretensión desacertada e ingenua. Estamos ante una crisis del sistema capitalista, en esta ocasión más grave y profunda que las inmediatamente precedentes, y las crisis cíclicas son propias de ese sistema. Sólo terminarán con la desaparición del capitalismo. Lo que sí es posible es paliar los efectos de la crisis y contribuir a crear las condiciones para una recuperación que garantice un desarrollo económico sobre bases nuevas, radicalmente diferentes, tanto desde el punto de vista social como ecológico, en un camino que conduzca hacia el socialismo".
Esta frase es muy reveladora de la contradicción fundamental en que se encuentra IU: tratar de aparecer como una alternativa al capitalismo sin tener una alternativa clara al mismo.
 Por un lado se reconoce que la crisis sólo terminará con la desaparición del capitalismo y por otro califica como "desacertada" e "ingenua" la pretensión de defender un programa alternativo a la crisis capitalista. Es decir, se dice implícitamente que no nos podemos plantear acabar con el capitalismo. Es más, se plantea que sin acabar con el capitalismo es posible garantizar un desarrollo económico sobre bases "radicalmente diferentes". Las únicas bases para un desarrollo económico "radicalmente diferente" es terminar con la propiedad privada de los medios de producción y el establecimiento de una economía planificada.
IU no debería intentar gestionar la crisis, paliar sus efectos o plantear en abstracto un nuevo modelo de crecimiento, sino luchar por este programa de transformación social de forma decidida. Sólo así será capaz de fortalecerse como alternativa revolucionaria, atrayendo a los sectores más combativos de la clase obrera y de la juventud.