Sólo hay dos "salidas" a la crisis: más pobreza y desigualdad o lucha para acabar con el capitalismo

Tras años de crecimiento económico en que los beneficios de la gran banca y de los empresarios han aumentado de manera estratosférica, una profunda y dura crisis de la economía capitalista se extiende por todo el mundo. Para hacer frente a la misma los diferentes gobiernos del planeta han urdido todo tipo de planes. Pero hasta ahora todas las medidas adoptadas tienen el mismo color: regalar billones de euros a la gran banca sacados de los fondos públicos

La presidenta de Madrid anunció en el reciente debate parlamentario sobre el Estado de la Región la privatización del 49% del Canal de Isabel II, empresa encargada del suministro de agua en la mayoría de ciudades de la comunidad, incluida su capital. La reacción de los trabajadores no se ha hecho esperar.

la ofensiva del PP organizando una respuesta contundente

La derecha, desde que se instaló en el gobierno tanto de la Comunidad, como del Ayuntamiento de Madrid, declaró la guerra a los trabajadores y jóvenes madrileños. El PP, como fiel representante de los empresarios, orientó desde el principio su política para que los recursos públicos sirvieran para engordar los beneficios de los capitalistas. La sanidad y educación públicas están desde el primer día en el centro del punto de mira de esta política; pero no son los únicos objetivos: Telemadrid, a la que pretenden privatizar, los centros deportivos cuya gestión también se está trasladando a manos privadas y un largo etcétera, están en la lista.

Durante las últimas semanas hemos vuelto a oír hablar sobre la modificación de la ley del aborto por parte del PSOE. Digo que "hemos vuelto" porque ya en anteriores ocasiones salió este tema a la palestra, como por ejemplo en el último congreso del partido, cuando entre otras medidas progresistas, como el voto para los inmigrantes, se planteaba una nueva ley del aborto.

Los acontecimientos en la esfera económica han adquirido una velocidad vertiginosa y unas dimensiones históricas. La densa sombra de la recesión cubre todo el panorama político mundial, y por supuesto, el del Estado español. Sin embargo, el gobierno de Zapatero, guiado por una mezcla de sorpresa por una situación que jamás había previsto y de pavor a que cualquier declaración o medida de trascendencia pueda agravar todavía más la situación económica o desencadenar una confrontación social, ha optado por no remover demasiado las cosas y lanzar insistentes y anodinos mensajes sobre lo bien preparada que está la economía española para afrontar una situación internacional adversa o que la banca española es la más sólida del mundo. Ni siquiera el reventón de la burbuja inmobiliaria y la caída a plomo de todos los indicadores económicos han sido motivos suficientes para sacar al gobierno de este tono adormecedor que impregna sus mensajes.

El Gobierno de Esperanza Aguirre anunció recientemente la privatización del Canal de Isabel II, planteando sacar a Bolsa el 49 % del capital del Canal. En la actualidad la empresa arroja unos beneficios de 80 millones de euros anuales, y son estos beneficios los que se quieren poner en manos de los empresarios amigos de Esperanza Aguirre. Es evidente que una empresa rentable como el Canal de Isabel II, y que además se encarga de gestionar un bien tan esencial para la población como el agua, es un plato muy apetitoso para los capitalistas, que tratarán por todos los medios de exprimir la empresa para sacar la mayor cantidad de beneficios posibles, a costa de los bolsillos de los ciudadanos, de la degradación de este servicio público y del empeoramiento de las condiciones de trabajo de los trabajadores del Canal.

El pasado 20 de agosto el vuelo JK-5022 de Spanair con destino a las Palmas de Gran Canaria se estrelló en el aeropuerto de Madrid-Barajas, dejando 154 muertos y 18 heridos. En el avión viajaban un total de 172 pasajeros, entre pasaje y tripulación. Los expertos se han puesto a trabajar en un presumiblemente complicado proceso de investigación y la justicia ha iniciado los mecanismos para intentar esclarecer los hechos. Según algunos expertos, las conclusiones podrían tardar hasta un año en llegar.